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En nombre de la Delegación del Uruguay es un honor verlo a usted Señor Presidente de la Comisión de Estupefacientes, presidir nuestros debates, lo que asegura el éxito del presente período de sesiones.
Estimadas comisionadas y comisionados, señoras y señores todos.
Es un gran honor para nuestro País participar una vez más de esta instancia de diálogo abierto y sincero con más de 180 Países.
Traemos un mensaje muy especial de nuestro Presidente José Mujica que alienta a que este sea un dialogo abierto y fecundo, con la dosis de coraje y sabiduría, para encontrar caminos alternativos que logren realmente la salud y el bienestar de nuestros compatriotas del mundo.
Abogamos y alentamos por un enfoque integral y equilibrado de la política de drogas. Por su debida adecuación con los instrumentos internacionales de DDHH, tal como afirma la Resolución 51/12 del 2008, (patrocinada por Uruguay y copatrocinada por Argentina, Bolivia, Unión Europea y Suiza) que insta a la cooperación de ONUDD con todos los organismos de NNUU para la promoción de los Derechos Humanos y una adecuada integración de los tratados internacionales de fiscalización de drogas con los Instrumentos de DDHH.
Creemos que enfrentar el problema de las drogas requiere de un enfoque múltiple, de una gran flexibilidad, de comprensión por realidades diferentes, aceptando la posibilidad de transformaciones de las legislaciones nacionales o de impulsar cambios en la legislación internacional. Esta posición la fundamos en que si bien el llamado “problema de las drogas” es un fenómeno global, también tiene especificidades regionales y nacionales que no deben descuidarse a la hora del diseño e implementación de políticas.
Uruguay ha insistido todos estos años, en promover la apertura de un debate amplio y fecundo sobre el modelo actual conocido como “guerra contra las drogas”. Constatamos que sigue habiendo varios enfoques, la aplicación de la estrategia generalmente no es equilibrada y es necesario el diálogo que nos permita avanzar para cumplir con los objetivos de las Convenciones.
En marzo de 2013, el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza entregó al Presidente Juan Manuel Santos, los resultados del “Informe sobre Drogas en las Américas” resultado de un laborioso trabajo. Se realizó un estudio analítico del estado de situación del problema drogas en las Américas y el diseño de Escenarios posibles a futuro. El informe marcó el inicio de un debate tan necesario como amplio en toda la región orientado a la revisión de las políticas de drogas y la búsqueda de estrategias alternativas al actual modelo.
También creemos necesario mencionar, a propósito de este clima de debate, la importante acción de la Comisión Global para la Reforma de las Políticas de Drogas, integrada entre otros por los ex Presidentes Fernando Henrique Cardoso, Cesar Gaviria, Ernesto Zedillo, Jimmy Carter y Ruth Dreyfus, y por figuras de la cultura, de Organismos Internacionales como Mario Vargas Llosa, Kofi Annan o Paul Baulker.
Para nuestro País, el camino de la discusión ya está abierto.
Vemos con agrado que a nivel de ONUDD se haya planteado la discusión de la despenalización de consumo de marihuana, hecho este que ocurre en Uruguay desde hace 40 años.
La Constitución de nuestro país establece que no se puede prohibir un acto privado que no afecte la seguridad pública, y en ese marco, desde 1974 en el Uruguay no se penaliza el consumo de ninguna droga, entre ellas la marihuana.
En Uruguay, en el marco del espíritu de las convenciones, y en consonancia con los artículos 7 y 10 de nuestra Constitución, antes de aprobada la ley de regulación y control del cannabis, no esta penalizada la tenencia y el consumo de cannabis como de ninguna otra sustancia. Pero, no teniendo el acceso legal y controlado de los ciudadanos al cannabis, estuvimos durante 40 años empujando permanentemente a miles y miles de usuarios de Cannabis a poner en riesgo su libertad y seguridad, y al mismo tiempo alimentar el mercado ilícito de drogas, es decir al narcotráfico
“la libertad y la seguridad de su persona”.
cuando los exponíamos a que cometieran una serie de actividades ilegales para realizar un acto legal.
En este contexto, en Uruguay en el 2010, en un total de 238 muertes directas relacionadas al consumo de drogas no hubo muertes por causas relacionadas al consumo de marihuana.
Por otra parte, en la V Encuesta Nacional sobre consumo de drogas en Hogares, Mayo 2012 se desprende que 128.000 personas han consumido Marihuana en los últimos 12 meses, 21.000 personas presentan signos de uso problemático y que existen 75.500 consumidores habituales de marihuana
Las drogas más consumidas en la población de 15 y 64 años son el alcohol y el tabaco seguidas de tranquilizantes y marihuana.
Estos datos muestran que la especificidad del uso problemático de drogas en Uruguay se caracteriza por dos elementos sobresalientes:
– El mercado ilegal de marihuana es el más importante entre las sustancias de producción y comercialización ilegal, y se registran 80 muertes violentas por causas relacionadas al narcotráfico
– No se registran muertes por el uso problemático de marihuana
La no penalización del consumo de marihuana en Uruguay, fundada en la normativa constitucional, junto a la prohibición del cultivo, la producción, comercialización, etc… ha derivado en el desarrollo de un mercado ilegal en el cual el narcotráfico funda su accionar en nuestro país.
No creemos, ni queremos, ser modelo para nadie.
Con la aprobación de la Ley 19.172 de fecha 20 de diciembre de 2013, sobre Regulación del Mercado de Cannabis, se busca establecer un marco normativo que permita regular el mercado del cannabis, a efectos de contribuir a reducir potenciales riesgos y daños en aquellas personas que usan marihuana con fines recreativos y/o medicinales.
Al tener que abastecerse en el mercado ilegal, se ven denigrados e involucrados en actividades delictivas y en prácticas de alto riesgo y se exponen, al contacto con drogas toxicológicamente más riesgosas, como por ejemplo la pasta base de cocaína.
Nuestro Presidente José Mujica sostuvo en la Asamblea General de las Naciones Unidas en octubre de 2013, «Estamos convencidos de que esta es una guerra desigual, que cada vez se gasta más plata. Solamente los presos por este asunto nos están costando encima de 30 millones de dólares (…) Nosotros tenemos más muertos por el narcotráfico que muertos por drogadicción. 80 muertos el año pasado por ajustes de cuentas, y tres o cuatro muertos por sobredosis de droga, ninguno por uso indebido de marihuana. Entonces, ¿qué es lo peor, la droga o el narcotráfico?».
El objetivo de la reciente ley Nº 19.172, aprobada por el Uruguay es inequívoco: combatir el tráfico ilegal de marihuana, a la vez de preservar la salud pública de la totalidad de la población, tanto la de quienes la consumen –si más no sea ocasionalmente- como la de quienes no lo hacen. (artículos 5,6,7 y 8).
De manera complementaria con lo anterior, cabe señalar que no es ésta una ley meramente punitiva, sino que va más allá de la sola prohibición, estableciendo y reconociendo ciertos derechos de los ciudadanos, ínsitos a estos y derivados de su propia naturaleza humana, como los mencionados en su Capítulo II (denominado precisamente, “De la Salud y la Educación de la Población y los Usuarios”)
Asimismo, la ley prohíbe “toda forma de publicidad, directa o indirecta, promoción, auspicio o patrocinio de los productos de cannabis psicoactivo por cualesquiera de los diversos medios de comunicación, artículo 11.
“La Junta Nacional de Drogas estará obligada a realizar campañas educativas, publicitarias y de difusión y concientización para la población en general respecto a los riesgos, efectos y potenciales daños del uso de drogas, para cuyo financiamiento podrá realizar convenios y acuerdos con las empresas del Estado y el sector privado” (artículo 12º). A su vez, “Los menores de 18 años de edad e incapaces no podrán acceder al cannabis psicoactivo para uso recreativo…” (artículo 14º).
Finalmente, la ley crea “el Instituto de Regulación de Control del Cannabis (IRCCA), como persona jurídica de derecho público no estatal” (artículos 17 y siguientes), precisamente para actuar como órgano regulador en dicha materia.
Es necesario reafirmar ante ustedes nuestra convicción que las políticas que estamos desarrollando se enmarcan plenamente en el espíritu de las convenciones y por ello queremos remarcar que compartimos enteramente la Contribución del Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito cuando en su informe ante esta asamblea sostiene el Punto IV # 49 que dice:
“En la aplicación de los tratados de fiscalización internacional de drogas sigue habiendo dificultades que es preciso reconocer y debatir abiertamente”
y cuando en el # 50 agrega :
“Es importante reafirmar el espíritu original de los tratados, que se centra en la salud. Los tratados no pueden interpretarse como una justificación, y mucho menos una exigencia, de un régimen prohibicionista
La propuesta uruguaya, comparte enteramente la Contribución del Director Ejecutivo cuando en el # 52, lit d) señala que es necesario
“Diferenciar entre las cuestiones penales y las de salud pública, ya que las actividades de justicia penal se centran en el aspecto delictivo del tráfico de drogas y las de salud pública en medidas con base empírica para la prevención y el tratamiento de personas que sufren trastornos ocasionados por el consumo de drogas, considerando a los consumidores de drogas como pacientes en tratamiento por una enfermedad crónica y no como delincuentes”.
Desde 1961, por la vía de una interpretación rígida y estrecha de las convenciones, se ha impuesto una lógica, que dispone de una única herramienta para el control del uso del cannabis, que es la del control penal.
Esta lógica ha implicado, entre muchos aspectos, la generación de una estigmatización normativa en los casos más extremos, y simbólica en aquellos casos donde no se penaliza el uso, que afecta significativamente la integración e inclusión social de los usuarios de cannabis en la sociedad e inhibe el relacionamiento de estos usuarios con el sistema sanitario.
Continuar con el diseño y la aplicación de instrumentos rígidos, inflexibles nos aleja del cumplimiento del espíritu de las convenciones y nos arroja a una espiral de violencia sin fin.
Coincidimos nuevamente con el espíritu de las convenciones cuando sostenemos que las Drogas, tanto las de libre circulación como las sujetas a fiscalización internacional son productos de consumo no ordinario y deben ser tratados como tales. Todas las sustancias psicoactivas deben de ser de circulación regulada y su regulación debe de estar relacionada con su toxicidad, con los riesgos que implica para la salud de los usuarios y el riesgo que su uso puede implicar para terceros, con la cultura y los desarrollos institucionales y legales de los países.
Quisiéramos antes de terminar, volver a citar palabras de nuestro Presidente José Mujica en la Cumbre de CELAC:
“Nosotros no tenemos ninguna receta mágica, lo que constatamos es que la represión sola no resuelve este problema y lo que tratamos de experimentar es un camino que procure robarle el mercado al narcotráfico”
Nuestro País tiene el derecho, en la medida que sus políticas no causen daños a terceros, a implementar aquellas políticas públicas que contribuyan en el marco de la plena vigencia de los Derechos Humanos de sus ciudadanos, a mejorar y proteger la Salud y la calidad de vida de los mismos.
Con humildad, pero también con mucha firmeza queremos decirles que tenemos la convicción de que las decisiones trascendentes que hemos tomado en materia de las políticas de Drogas, las hemos realizado con la mayor responsabilidad y conciencia. Los cambios, las innovaciones que estamos realizando, contribuirán de manera significativa al bienestar de nuestros ciudadanos. Hemos tomado todas precauciones necesarias para que las mismas no afecten a terceros países.
Solo la firmeza en materia de Derechos Humanos aunada a la flexibilidad y la tolerancia en materia política nos podrán orientar en el camino de quebrar la espiral de violencia a las que nos han llevado las políticas que en materia de Drogas se han llevado adelante en los últimos 50 años y nos permitirán diseñar e implementar políticas más humanas, más respetuosas de la salud y de la vida de los ciudadanos que hoy habitamos este planeta.
Señoras y Señores, como lo expresamos el año pasado, quienes tenemos la responsabilidad de representar a nuestros ciudadanos tenemos que, en primer lugar reconocer la evidencia de la realidad que nos demuestra el profundo fracaso de las políticas implementadas en las últimas décadas y luego actuar en consecuencia.
No asumir el desafío y actuar en consecuencia sería un error imperdonable que seguirán pagando inevitablemente los más débiles de nuestro mundo.