Evento paralelo: Convergencias para una política regional de drogas integral y sustentable

Milton Romani, Uruguay | Comenzamos el evento recalcando un punto clave para la posición de Uruguay de cara a la UNGASS: Nuestra región ha demostrado la capacidad de discutir y establecer consensos incluso entre posiciones que parecían antagónicas. El enfoque de derechos humanos, salud publica, género y desarrollo humano, no como un adorno sino como convicción. Más allá de los contenidos, que son importantes, es importante la emergencia de un nuevo consenso sobre la base de la diversidad. Habrá documento de la UNGASS si aceptamos la diversidad. Si se trata de insistir en las negación de las realidades, en la rigidez del pensamiento único basado en la guerra contra las drogas, si se niega abrir un debate permanente, habremos fracasados. Pero han una serie de aportes, incluyendo de agencias de la ONU, que muestran una voluntad de debate y de cambio, de nuevas bases que como establece la Declaración de Santo Domingo, respete la unidad en la diversidad.

 

Javier Sagredo, PNUD | El PNUD no tiene un mandato de drogas pero el impacto de las políticas de drogas en el desarrollo humano es preocupante. Hay un consenso universal sobre la Agenda del Desarrollo Sostenible. Si observamos la política de drogas, aplicación e implementación, vemos incongruencias. Las políticas a veces se traducen en exclusión; encarcelamiento; negación del acceso a la salud; el impacto sobre mujeres, hijos y familias; la expansión de la epidemia del VIH/SIDA y otras enfermedades; las prácticas culturales indígenas; desplazamiento del flujo de la droga a nuevos contextos; daño ecológico; distorsión en la economía informal y desigualdad; impacto sobre países azotados por fenómenos naturales; el aumento de la influencia de las redes criminales.

La agenda de drogas en la región necesita pensar en términos de inclusión social.

Urge abandonar lo que ha dañado, lo que no está siendo efectivo. Tenemos que colmar las lagunas en las cuales no hemos trabajado suficientemente: ej. reinserción social.

El PNUD ha acompañado a la región y ahora plantea líneas de investigación con el objetivo de ayudar a la construcción de nuevas políticas de droga con una mirada al desarrollo humano.

Necesidad de aumentar la coherencia entre agencias. Quizás la creación de un fondo para que las agencias deban trabajar juntas sobre estos temas.

 

Pablo Cymerman, Intercambios A.C. | América Latina viene realizando avances en cuestionar la política de drogas sobre los impactos negativos sobre los derechos humanos. Los países miembros de la UNASUR han alcanzado un consenso significativo. El Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil efectuó distintas consultas y debates para producir un informe sobre los aportes para la UNGASS. Surge del documento que la política de drogas y su implementación ha jugado en contra del bienestar de la población. La riqueza y diversidad de la experiencia de la sociedad civil le confiere legitimidad para sugerir caminos.

Pero negociaciones claves se llevaron a cabo a puerta cerrada, y mayoritariamente entre gobiernos que tienen representación en Viena. Claramente, no es el proceso incluyente que se planteó.

Los Estados no pueden seguir sosteniendo que las Convenciones son la piedra angular del sistema de fiscalización. Los Estados deben poder adaptar la legislación a las realidades de sus países. El ímpetu represivo de los Convenciones ha estado al origen de los efectos negativos de las políticas. Los Tratados y el principio pro-hominem debería estar al centro de toda conversación para reformar la política de drogas.

La creación de un grupo de expertos para la modernización del sistema de cara a 2019 es una de nuestras sugerencias.

Son inadmisibles las violaciones a los derechos humanos de los usuarios. También deben evaluarse las cortes de drogas y otras forma de castigo para delitos de uso.

Es inadmisible que algunos países continúen aplicando la pena de muerte.

Hay que reconocer la perspectiva de género, los derechos indígenas.

La reforma de la política de drogas es un problema de desarrollo.

 

Ernesto Samper, Secretario General de UNASUR | La región ha logrado avances considerables en materia de política de drogas. Respetemos los derechos humanos de los campesinos sin vulnerar sus medios de vida. Cuando hablamos de derechos humanos, no hablamos del derecho abstracto de usar drogas; sino del que tienen los consumidores para ser tratados con dignidad. También buscamos reformar las políticas en materia de microtráfico. Hay más de 4,000 latinoamericanos en cárceles asiáticas por delitos de transporte. No aceptamos que sean sujetos a sentencias de pena de muerte porque esta no es la Ley en la que creemos.

UNASUR propone pasar de la prohibición a la descriminalización. El enfoque de derechos humanos permite alternativas.

Por perseguir campesinos y pequeños actores, hemos abandonado nuestro deber de perseguir a las redes internacionales de narcotráfico.

El origen de las Convenciones tuvo un principio sano: las sustancias malas para la salud debían ser prohibidas o controladas. Pero hoy las drogas son malas porque están prohibidas, no necesariamente porque son malas. Cómo se utiliza la política de drogas para la intervención política?

Volvamos al origen: las sustancias no se prohiben por razones políticas sino por daños.

No nos dejemos encerrar en la tautología implícita en el debate de drogas. El problema es que la política prohibicionista se ha creado sobre una serie de fantasmas y producciones que impiden avances.

Esperamos:

  • La creación de un grupo de expertos para evaluar la política de drogas de cara a 2019.
  • Una comisión de la ONU debe incluir no sólo a los persecutores sino a los temas ‘humanitarios también’, para tomar decisiones sobre la nueva política.

Pregunta | Da la sensación que la idea de ‘system-wide coherence’ se perdió camino al debate, y la ONUDD parece no participar de esta evolución tampoco; por qué? Y luego, no debería ser más evidente la política de UNASUR en otros foros multilaterales?

J. Sagredo | Quizás urge crear mecanismos de financiación que generen incentivos para el trabajo conjunto.

E. Samper | Intentamos promoverlo. Hubiese sido estupendo que CELAC participase y que otras regiones hubiesen hecho lo mismo.

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