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Side event: Drug policy and human rights: Perspectives from Latin America

(Event in Spanish)

Pablo Cymermarn, Intercambios A.C.:  Llevamos organizando este evento hace  muchos años. Desde que los eventos satélites han sido promovidos en la CND. Este evento está también apoyado por FIOCRUZ, INNPD, PBPD, REDUC, ACEID, IDPC, HRI, International Indigenous Drug Policy Alliance.

Victoria Darraidu, CELS: Sobre el escenario argentino, es relevante mencionar la persistencia de un enfoque estatal sobre el tema de las drogas que afecta los derechos humanos y demuestra incapacidad para responder a la criminalidad, la violencia y el consumo. Luego, destacar la emergencia de la criminalidad violenta y problemas públicos graves, así como señalar las nuevas autoridades de gobierno.En cuanto a lo primero, no ha habido mayores cambios en el enfoque de las políticas de drogas. La sanción de la ley de cannabis medicinal permitió, bajo prescripción médica y con registro, el cultivo controlado, personal y solidario. El papel fundamental de la sociedad civil para llegar a este punto hoy puede estar en peligro. Aparte de eso, hay un enfoque en el patrullaje en los barrios populares, la detención de personas por posesión simple y pequeños actores del tráfico, políticas racistas y clasistas. El Fallo Arriola sugiere la protección constitucional a las personas usuarias por posesión simple, pero no ha habido cambio legislativo. Continúa la afectación, particularmente a grupos vulnerables. El sistema judicial se enfoca en el microtráfico y la posesión personal. El encarcelamiento y la represión tienen impacto en el consumo y el bienestar, pero afectan a personas que sufren vulneraciones sociales. Hay precarización de la vida, entrada en economías informales, incluidas economías ilegales como las del mercado de drogas, y empobrecimiento del país, marcado por la pandemia, originada por la crisis económica reciente, lo que ha llevado a más familias al tráfico de drogas. Las políticas de encarcelamiento para delitos menores solo han empeorado la situación. El sistema penitenciario está colapsado, no hay plazas y en algunas jurisdicciones está sobrepoblado. Ha habido un aumento del 233% en la población carcelaria, aún mayor para casos relacionados con drogas. La mayoría está en prisión sin condena, en detención preventiva. El impacto sobre las personas vulnerables, mujeres cis y trans, es particularmente intenso.En estos años, como consecuencia de la falta de eficacia de las políticas, han surgido bandas criminales que aumentan la criminalidad, con la complicidad de las burocracias estatales. En Rosario, un escenario grave, diversas bandas se dedican a la distribución de sustancias y al tráfico internacional por vía fluvial-marítima. Las tasas de homicidio se concentran en lugares específicos, siendo Rosario el lugar con las tasas más altas, sobre todo en los barrios pobres. La tasa en Argentina se ha reducido de manera sostenida desde 2014. En Santa Fe, hay un indicador alto desde hace 10 años, duplicando la media nacional, y en el caso de Rosario, casi quintuplicándola. El 75% de los homicidios en 2022 en Rosario son atribuidos a la mayoría de la criminalidad organizada y los mercados ilegales. Ha aumentado el número de homicidios por armas de fuego, representando el 90%. En el resto del país, es el 50%. Hay un desvío de armas estatales y una diversificación criminal como el sicariato, las balaceras y la violencia extrema en el centro de la ciudad, con ataques a entidades públicas y amenazas a funcionarios. Muchos de los hechos ocurren desde las prisiones. En los últimos días, ha habido cuatro asesinatos a trabajadores públicos, lo que ha cambiado el sentido de la violencia y el humor social. Ha habido paros y suspensión de clases. El movimiento feminista detuvo la histórica marcha del 8 de marzo. Hay una clara limitación del ejercicio de los derechos, con una gravedad extrema que genera alarma.Medidas imprescindibles incluyen limitar la transferencia de armas de fuego, inversiones para jóvenes, etc. Sin embargo, el gobierno actual propone un mercado autorregulado dolarizado, intervención policial como solución, limitando los sistemas de educación, salud y bienestar. La gestión de la cuestión de las drogas vuelve a ser sobre una guerra contra las drogas. En cuanto a las cárceles, las campañas suenan como las de Bukele. Se ha presentado un proyecto para reformar la ley de seguridad interior, para que las fuerzas armadas se involucren en la lucha contra actos de terrorismo, a pesar de que ya se habían sugerido anteriormente. Las fuerzas militares están entrenadas para combatir al enemigo, no para desorganizar un negocio ilegal. Esto ha resultado en un aumento de la violencia, la corrupción y las violaciones a los derechos humanos, sin tener ningún impacto real sobre el problema que intentan resolver y siendo difíciles de desescalar. Es necesaria una estrategia de seguridad que implique una mayor coordinación entre autoridades locales y nacionales.

Diego Andrés Vivas, International Indigenous Drug Policy Alliance, : Conflictos ambientales y corporales ante las “crisis” por las drogas. El 28 de septiembre de 1998, tres aviones y cuatro helicópteros fumigaron propiedades en Caquetá, incluida la de una familia. Alcanzada por el herbicida, una chica embarazada recibió primeros auxilios en la vereda: agua y jabón. Pidió atención médica. Presentaba manchas en la piel, dificultades respiratorias y dolores óseos. Experimentó un aborto incompleto y deterioro de su salud, lo que la llevó a urgencias a principios de marzo. Murió en 1999 con diagnóstico de shock séptico, neumonía y otras enfermedades y padecimientos. Otro caso en 1999, luego de una fumigación masiva que contaminó la boca de un acueducto, causó daños a cultivos y personas. Veinticinco personas resultaron afectadas, algunas mujeres perdieron sus embarazos. Doris dio a luz a las 28 semanas de gestación y su hijo murió. Esto es una realidad para, por ejemplo, mi comunidad en el Cauca. Estos dos casos se vuelven emblemáticos porque representan los primeros dos casos que la CIDH declaró admisibles por potenciales violaciones a la Convención IDH, particularmente sobre mujeres.La orientación de esta presentación es precisamente subrayar cómo Colombia se ha convertido en un tema estudiado por la academia en relación con el conflicto y las drogas. Sin embargo, hay vacíos muy grandes y uno de ellos es la violencia sistémica de género, violencia racializada, dirigida contra mujeres y contra cuerpos, cuerpxs de colectivas trans, LGBTI. Trato de llamar la atención sobre la violencia ambiental pero también corporal. Los cuerpos son parte del medio ambiente, son el medio ambiente. Mi relación con el movimiento campesino y el movimiento LGBTI, con trabajadoras sexuales trans también, plantea una reflexión que en Colombia aún está rezagada.Por ejemplo, al analizar el desplazamiento de trabajadoras sexuales trans, o más bien, de población trans que al ser desplazada termina realizando trabajo sexual. Cuando consideramos a las blancas, mestizas, indígenas y afrocolombianas que llegan a Cali… cuando vemos la composición étnica de esta gente, nos damos cuenta de que la totalidad de las mujeres indígenas trans que llegan a la ciudad terminan siendo población de calle. La población trans desplazada indígena, de las que tenemos registro, todas terminan en situación de calle. Combinación más amplia e invasiva de sustancias que usan a diario en el ejercicio de sus múltiples actividades. Un primer caso para reflexionar sobre cómo abordamos temas de género y del cuerpo.El segundo caso, brevemente, es sobre la importancia de pensar los conflictos ambientales desde una perspectiva ecológica política feminista y decolonial. Procesos de cercamiento de tierra y trampa ambiental. Las poblaciones que cultivan coca y marihuana forman parte de un proceso donde hay uso intensivo de pesticidas, que afecta a la naturaleza. También, porque la interdicción, que es el control estatal, plantea usos tóxicos de diferentes sustancias. Circular porque la población que usa sustancias también es afectada por esto. Trampa circular. La violencia medioambiental perpetuada como violencia estructural debido al abandono y vulnerabilidades de grupos LGBTQUIA, indígenas, afrodescendientes, mujeres mayores y niñez.Ahora hablamos mucho de regulación y legalización, si pensamos cuáles son las actividades más tóxicas, son las actividades de transición a cultivos lícitos. Impactos en la salud debido al contacto con sustancias tóxicas, pesticidas, que afectan mucho más fuerte a las personas que participan en el trabajo doméstico y de campo. Violencia poco estudiada en relación al fracaso de la sustitución voluntaria. Desastre del PNIS, imponiendo líneas productivas que las comunidades no manejaban, forzando la transición y luego dejándolas en el camino. Muy a menudo beneficiando el monocultivo. Extrae la planta de coca y luego las deja sin nada. Cuando en la CND hemos discutido mucho sobre regulación y legalización, pero no hablamos suficientemente de los fracasos.

Francisco Neto, FIOCRUZ, REDUC: Hasta hace poco, las conversaciones sobre la regulación de la coca, la marihuana y la cocaína parecían imposibles. Pero ahora se abren posibilidades, gracias al trabajo colectivo. Es importante considerar el contexto brasileño en este momento, después de un período muy difícil que hemos vivido. La política de reducción de daños y riesgos en Brasil tiene un marco importante en 1989 La ciudad de Santos fue testigo del nacimiento del primer programa de intercambio de jeringas. En 2001, hubo una reforma de la ley en relación a la psiquiatría de cuidado en libertad, en la lucha antimanicomial. Durante el gobierno de Lula, se inició un proceso de creación de una red nacional de atención psicosocial, que es importante recalcar. El Sistema Único de Salud de Brasil ha resistido a este pasado de terror.Hay nuevos desafíos, oportunidades y contradicciones en Brasil. Es importante, en este diálogo con el gobierno, la sociedad civil y los investigadores, considerar movimientos interesantes como la declaración del gobierno colombiano aquí, con 60 países que se sumaron. Esto proporciona claridad sobre la ruptura del discurso prohibicionista que hasta hace poco era la única manera de pensar; se hablaba de un mundo libre de drogas, con todos los daños que esa lógica conlleva. Para nosotros es importante pensar en una política de drogas accesible, responsable, basada en los derechos humanos, en la evidencia y que promueva la salud.

PREGUNTAS

Juan Fernández Ochoa, IDPC: ¿Cómo nos preparamos cuando el péndulo vire a otra dirección, tomando en cuenta que ustedes han tenido esa experiencia de giros positivistas por parte de distintos gobierno?

Thessa Guimaraes, REDUC: ¿Cómo lucen las instituciones de ‘apoyo’ terapéutico que terminan condenando a personas a situaciones de esclavitud?

Hilde, investigadora en materia de políticas de drogas —enfoque en el Acuerdo de Paz: A veces se ve el Acuerdo como la última solución al problemas de las políticas de drogas. Un par de años después no es una solución, sobre todo para la gente en el campo. Las fumigaciones hoy no deberían pasar. Qué significan las erradicaciones manuales en términos medioambientales y corporales.

Francisco Neto, FIOCRUZ, REDUC: Hasta hace poco, las conversaciones sobre la regulación de la coca, la marihuana y la cocaína parecían imposibles. Pero ahora se abren posibilidades, gracias al trabajo colectivo. Es importante considerar el contexto brasileño en este momento, después de un período muy difícil que hemos vivido. La política de reducción de daños y riesgos en Brasil tiene un marco importante en 1989 La ciudad de Santos fue testigo del nacimiento del primer programa de intercambio de jeringas. En 2001, hubo una reforma de la ley en relación a la psiquiatría de cuidado en libertad, en la lucha antimanicomial. Durante el gobierno de Lula, se inició un proceso de creación de una red nacional de atención psicosocial, que es importante recalcar. El Sistema Único de Salud de Brasil ha resistido a este pasado de terror.Hay nuevos desafíos, oportunidades y contradicciones en Brasil. Es importante, en este diálogo con el gobierno, la sociedad civil y los investigadores, considerar movimientos interesantes como la declaración del gobierno colombiano aquí, con 60 países que se sumaron. Esto proporciona claridad sobre la ruptura del discurso prohibicionista que hasta hace poco era la única manera de pensar; se hablaba de un mundo libre de drogas, con todos los daños que esa lógica conlleva. Para nosotros es importante pensar en una política de drogas accesible, responsable, basada en los derechos humanos, en la evidencia y que promueva la salud.

PREGUNTAS

Juan Fernández Ochoa, IDPC: ¿Cómo nos preparamos cuando el péndulo vire a otra dirección, tomando en cuenta que ustedes han tenido esa experiencia de giros positivistas por parte de distintos gobierno?

Thessa Guimaraes, REDUC: ¿Cómo lucen las instituciones de ‘apoyo’ terapéutico que terminan condenando a personas a situaciones de esclavitud?

Hilde, investigadora en materia de políticas de drogas —enfoque en el Acuerdo de Paz: A veces se ve el Acuerdo como la última solución al problemas de las políticas de drogas. Un par de años después no es una solución, sobre todo para la gente en el campo. Las fumigaciones hoy no deberían pasar. Qué significan las erradicaciones manuales en términos medioambientales y corporales.

Victoria: Respuesta argentinocéntrica. Es lo que venimos discutiendo y pensando y cómo trabajarlo con la región. Es una situación efectivamente de resistencia, no tanto de incidencia sobre políticas progresistas como las que venimos insistiendo desde hace muchos años. La institucionalidad de las buenas acciones es clave. Debemos pensar en cómo asegurarnos de que las buenas prácticas y las políticas sean institucionalizadas y legalizadas. Buscar la perpetuación de estos enfoques a través de la institucionalización es fundamental.Con la ley de cannabis medicinal, tenemos una ley y una mejor resolución, aunque la última se puede desandar más fácilmente; sin embargo, cierta institucionalización ayuda. Además, debemos usar los escenarios y mecanismos de protección de derechos humanos internacionales y regionales para mostrar lo que sucede en términos de regresión. También es importante traer la mirada internacional. Debemos generar lazos regionales con organizaciones y gobiernos para resistir juntas.Es crucial generar anticuerpos para evitar los retrocesos que hoy en día, en términos narrativos y discursivos, son muy efectivos. Queremos evitar nuevas políticas regresivas. Insistir en apropiarnos de estos espacios y generar la mayor sinergia posible entre organizaciones de la sociedad civil.

Francisco: Pregunta clave, también para compañeras argentinas. Desafío. En el escenario latinoamericano, lamentablemente, nos hemos acostumbrado a ese péndulo al que tenemos que aprender a navegar. En Brasil, pasamos por un período inicial muy difícil de choque después de la situación complicada. Luego, es importante pensar en qué recursos tenemos. Es una doble cuestión: la movilización fuera del ámbito estatal. Estar dentro del Estado es importante, pero también hay una cuestión de mantener vivo el territorio; es un territorio político, de deseo. Debemos pensar en la reducción de daños más allá de lo negativo, cómo reducimos el daño pero también ampliamos la vida. Cómo estar en este territorio afectivo y potente, de una manera casi artística.Otro aspecto importante fue la articulación internacional. Cuando te encuentras en una situación nacional donde parece no haber perspectiva, saber que existe solidaridad y una red es crucial. Con Argentina, debemos dejar de lado nuestra brasileñidad y apoyarnos mutuamente.

Francisco: Sobre la cuestión de las violaciones en espacios relacionados con las drogas, disputar los campos de la salud y reinterpretar lo que significa salud es importante. En Brasil, pasamos por una situación peculiar. Hubo una votación en el Senado para criminalizar en la Constitución Nacional todo uso de sustancias. Es importante tener una movilización solidaria frente a esto. Existe una fuerza conservadora que impulsa esta manera de entender y actuar.

Diego: Sobre la última pregunta, Colombia tiene los cultivos de coca más expansivos. La erradicación se convirtió en la solución. La erradicación voluntaria manual y la extracción voluntaria sin sustancias son posibilidades. Desde mediados de la década pasada hasta ahora, las autoridades públicas han prohibido el uso asperjado de fumigación, a pesar de que distintos gobiernos han intentado retomarla. Hay dos cuestiones importantes: la aspersión de glifosato y otras sustancias afecta el ambiente de las actividades lícitas y también aquellas relacionadas con los procesos de transición hacia economías formales.En la altillanura, una región en Colombia que enarbola discursos progresistas de gobierno diciendo “no más ilícito, sino economía verde, energía limpia, cambios…”, llevó al acaparamiento de tierras y prácticas que empezaron a encontrar donde los nuevos cultivos, tanto en escala media como en gran escala, comenzaron a usar sustancias más dañinas. El agua fluye y se lleva todos esos químicos. Las familias son afectadas por este cultivo lícito.Segundo: fincas que tienen cultivos ilícitos, fincas en transición, fincas en transición completa —incremento en toxicidad. Cada vez hay un uso más intenso de pesticidas, fertilizantes y otras sustancias. Enfermedades que se vuelven típicas en términos de afectaciones cutáneas y respiratorias. Las mujeres están particularmente expuestas por el lavado de la ropa en condiciones rurales.

Diego: Hablamos mucho de crisis. Pero nosotros siempre hemos estado en crisis. Si nos achiquitan la puerta, vamos a responder. BLM en USA. Chile —estallido social. Cali, Colombia epicentro del paro nacional. Nos achiquitan la puerta, nosotras la vamos a abrir.

Pablo: Gran contradicción. Sabemos y nos parece importante no abandonar espacios y promover que quienes trabajan en el terreno puedan incorporar una perspectiva de trabajo a nivel político e incidencia en el gobierno por el impacto positivo. Pero también existe una distancia considerable entre unos y otros. Los ejercicios comunitarios no tienen nada que ver con lo que se discute en Viena. Y seguimos trabajando en la defensa de derechos ciudadanos. Hoy tenemos un evento satélite en ese sentido. Camino a 2029.

 

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